La Asamblea Mundial de la Salud creó en 2003 la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud pública (CIPIH son sus iniciales en inglés) con el objetivo de analizar cómo los derechos de la Propiedad Intelectual pueden contribuir a la innovación y cómo esta a su vez contribuye a garantizar la salud pública.

En este mismo contexto, en el año 2005, 162 expertos, ONGD y gobiernos, entre otros, solicitaron a la OMS que evaluase la propuesta Tratado de I+D médico. El objetivo de este tratado es crear una alternativa al modelo actual de monopolio de I+D, que contaría con financiación pública y privada, en la que los países aportarían un fondo en función, por ejemplo, de su PIB y dedicando un mínimo a problemas definidos como prioritarios.

La ventaja de esta propuesta es que se garantizarían unos fondos para las enfermedades olvidadas y problemas que no presentan una demanda de mercado, y que los gobiernos tendrían flexibilidad en como contribuir a este fondo global para la I+D, o bien comprando medicamentos patentados, o bien haciendo investigación pública o estableciendo sistemas de premios, entre otros.

En este sentido, a finales del 2005, Kenia y Brasil presentaron una proposición a la OMS para establecer un grupo de trabajo para evaluar las prioridades globales de salud. Meses más tarde, más de 280 personas expertas dieron su apoyo a la propuesta.

Esta propuesta de crear un grupo de trabajo fue discutida y aprobada en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2006. Así es como se creó el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual (IGWG). Este grupo tiene como objetivo elaborar una Estrategia Mundial y Plan de Acción que en mayo de 2008 presentará a la Asamblea Mundial de la Salud.

Después de dos sesiones de trabajo del IGWG, se ha llegado al acuerdo de promover nuevos debates sobre un tratado en investigación y desarrollo en materia de salud y biomedicina. El objetivo es ayudar a establecer necesidades y prioridades en materia de investigación y desarrollo, identificar mecanismos de financiación sostenible y mejorar la coordinación internacional, para proporcionar una base más sólida y sostenible a las actividades de investigación y desarrollo.